La Gran Scala, el macroproyecto de 32 casinos, 70 hoteles y cinco parques temáticos, que pretendía convertir el desierto aragonés en un nuevo Las Vegas, ha cumplido un año desde su presentación, sin que los promotores, el grupo International Leisure Development, disponga de los terrenos necesarios ni los requisitos financieros, exigidos por el Gobierno de Aragón.El 12 de diciembre de 2007, consejores de ILD, representantes de los ministerios de Economía e Industria y miembros del Gobierno de Aragón, celebraron una cena donde firmaron el acuerdo definitivo. La cuenta por cierto, corrió a cargo de todos los aragoneses. El grupo ILD se comprometía a «construir y gestionar el proyecto», mientras que el gobierno aragonés se encargaría de asesorar en la «definición y localización de los terrenos», «facilitar la gestión de los recursos energéticos», «impulsar la ejecución de las infraestructuras» y «adecuar la normativa administrativa aplicable a los requirimientos del proyecto». Este último punto desató la polémica y miembros de la oposición, con la creación de la plataforma Stop Gran Scala, denunciaron que el gobierno autonómico estaba dispuesto a adecuar la ley a los requisitos del proyecto.
Los socialistas aragoneses, en una reunión con ILD el pasado mes de abril, condicionaron su apoyo al proyecto a la llegada a modo de señal de 20 millones de euros, circunstancia que nunca se llegó a dar, pero que ILD solucionó con una presunta ampliación de capital de la que no se tiene constancia en los registros públicos.
El PP siempre ha mantenido su apoyo, aunque con reservas, al gobierno autonómico, cuyo socio mayoritario, el PAR, aglutina a los principales defensores del proyecto. El PSOE guarda silencio y desde hace unos meses afirma que solo hablarán cuando ILD disponga del dinero y los terrenos necesarios.
Fuente: El Periódico de Aragón